Gobierno Nacional
Preguntas Frecuentes

Desde el momento en que el Estado paraguayo ratificó la Convención de los Derechos del Niño en 1990, convirtiendo el texto de dicho instrumento jurídico internacional de carácter vinculante en parte del ordenamiento jurídico nacional por La Ley 57/90 y cuando, unos años más tarde, se promulgó el Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 1.680/01), el país asumió un posicionamiento ético y político inserto en la perspectiva de derechos humanos, merced al cual el Paraguay reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos y, adopta, en consecuencia, el enfoque orientador de la Doctrina de la Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia como paradigma de reflexión y acción.
 
Esta decisión política, de carácter estratégico, responde a la necesidad de asumir como una obligación que corresponde a la sociedad en su conjunto el garantizar y respetar todos los derechos para todos los niños, las niñas, los y las adolescentes y, al mismo tiempo, como expresión de una necesaria nueva forma de relación social entre adultos y niños, niñas y adolescentes, en la que el Estado asume el compromiso de ser el promotor y garante del cumplimiento de los derechos, mediando para el ejercicio de los mismos e interviniendo activamente para reparar los derechos conculcados.
 
La Protección Integral, que encuentra fundamento en los principios universales de los derechos humanos –la dignidad, la equidad y la justicia social- adquiere especificidad en los principios particulares de igualdad y no discriminación, efectividad y prioridad absoluta, interés superior del niño y participación solidaria del Estado, la comunidad y la familia para el pleno ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y encuentra su manera de concretización en el conjunto de acciones, políticas, planes y programas que con prioridad absoluta se definen y ejecutan desde el Estado, con la participación solidaria de la familia y la sociedad en su conjunto, para garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes gocen de manera efectiva y sin discriminación de los derechos humanos que les corresponden, incluyendo la protección para aquellos y aquellas cuyos derechos han sido vulnerados.
 
El enfoque de protección integral considera a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho y como personas en desarrollo, que gozan de todos los derechos como ciudadanos, lo que en términos concretos significa que se reconoce en las necesidades de los niños, niñas y adolescentes derechos exigibles que forman parte de sus derechos humanos, lo que obliga al mundo adulto no sólo a satisfacer estas necesidades en forma urgente, sino a intervenir en todas las circunstancias en las que estos derechos estén siendo avasallados o vulnerados o en riesgo de serlo. Todos los niños, niñas y adolescentes, y en particular aquellos que pertenecen a los sectores en condiciones de mayor exclusión social, requieren de una decidida acción del gobierno como administrador del Estado en la creación y activación de mecanismos legislativos, educativos, culturales, sociales e institucionales que transformen la realidad de vulneración que sufren y combata las diferentes formar de exclusión y discriminación en relación con el ejercicio de sus derechos.
 
Esta aproximación nos permite ubicar las claras diferencias que existen entre las Políticas Públicas universales destinadas a generar condiciones sociales, económicas, culturales y de otra índole para la satisfacción de los derechos fundamentales de todos los niños, niñas y adolescentes, con las Políticas Especiales destinadas básicamente a atender determinadas circunstancias que provocan situaciones de vulnerabilidad a grupos determinados de niñas, niños y adolescentes. Las primeras promueven y generan disfrute Universal de Derechos, las segundas protegen frente a violaciones de éstos.
 
Existen cuatro principios básicos de la Protección Integral:

  • La efectividad y prioridad absoluta.
  • La igualdad o no discriminación.
  • El interés superior del niño y la niña.
  • La participación solidaria o principio de solidaridad.

La efectividad y prioridad absoluta
Establecida en el Artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que consigna: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención” (Principio de efectividad) y “En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional” (Principio de prioridad absoluta)
 
Por un lado, la efectividad trae aparejada consigo la adopción de todas las medidas y providencias de carácter administrativo y legislativas y todas las que conduzcan a la efectividad (goce y disfrute real) de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, al respeto y la promoción de estos derechos y al desarrollo de las garantías sociales, económicas, legales, institucionales y administrativas para su ejercicio. Por otra parte, el principio de efectividad es el que otorga carácter imperativo a los lineamientos de la Convención y obliga al Estado y la sociedad al cumplimiento de los mecanismos enunciados, además de constituir el programa para el desarrollo de políticas en materia de niñez.
 
Por otra parte, los derechos humanos de los niños y niñas deben ser atendidos con prioridad absoluta. Significa este principio que el Estado debe adoptar medidas utilizando hasta el máximo de los recursos para propender a la protección integral y, de ser necesario, recurrir a la cooperación internacional.
 
Esta parte del Artículo 4 de la Convención que consagra la Prioridad Absoluta es de particular interés para transformar la conducta institucional de los gobiernos respecto a la planificación social, puesto que significa que a la hora del diseño de políticas públicas se deberá considerar que en primer lugar estará la situación de los niños y la aplicación de políticas, planes, programas y presupuesto hacia esta población.

La igualdad o no discriminación
Es el pilar fundamental de la doctrina de los Derechos Humanos y el carácter universal de las políticas sociales tiene que ver directamente con este principio. La no discriminación es el principio inicial para la construcción de políticas de protección integral y se encuentra consignado en el Artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño: “Los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión pública o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o representantes legales”.
 
Y de este modo, se erige como la norma de carácter jurídico-social que debe orientar la lectura e interpretación de todos los derechos consagrados en la Convención, por lo que no debe haber distinción para negar o conceder derechos, utilizándose como fundamento la condición social, el sexo, la religión o la edad. Por otra parte, y como una perspectiva novedosa en su momento (finales de los ’80) la Convención establece un componente relevante en materia de derechos humanos al prohibir no sólo la discriminación en razón de las condiciones del niño o la niña sino que además prohíbe la discriminación en razón de alguna condición de los padres o representantes legales.
 
Interés superior del niño y la niña
Consagrado en el Artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece:
“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
 
Este principio, junto al de no discriminación constituyen el sustento de la Doctrina de la Protección Integral. El interés superior deja de ser, de acuerdo a esta formulación y su ubicación en el instrumento internacional, una mera orientación filosófica o doctrinal, y se convierte en un principio jurídico-social de aplicación para la interpretación y ejercicio de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.
 
La participación solidaria o principio de solidaridad
El Artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece este principio general de la siguiente manera: “Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño, de impartirle, en consonancia con sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos de la presente Convención”.
 
De acuerdo a esta formulación, la articulación de acciones entre el Estado y la sociedad constituyen el principio de participación democrática para la garantía de los derechos universales que permiten construir la Doctrina de la Protección Integral. El Estado, la Familia y la Sociedad son los tres protagonistas sobre los que se apoya la responsabilidad para el ejercicio y goce efectivo de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia.

LA JUSTICIA PENAL DE LA ADOLESCENCIA EN PARAGUAY
 
En primer término, recordamos que el Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley 1680/01, es el instrumento normativo que crea e instituye en su libro V un sistema penal especializado, acorde con los principios establecidos por la Convención Internacional de los Derechos del Niño ratificada por el Paraguay según Ley 57/90, la que dispone que los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para el dictado de leyes que establezcan una edad mínima antes de la cual, se presumirá “que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales”.
 
Este sistema penal especializado (denominado penal de la adolescencia) establece la edad de imputabilidad penal en el marco normativo paraguayo a los 14 años, con una orientación y una finalidad eminentemente educativas, considerando las características propias del desarrollo evolutivo de niños, niñas y adolescentes.
 
Por ello, el Sistema Penal de Adolescentes adoptado por el Código en su Libro V no tiene como finalidad aplicar una pena–castigo al adolescente que ha cometido una infracción penal como ocurre en el sistema penal de adultos, sino que establece un régimen de medidas orientadas a la educación del adolescente y promueve su inserción social plena a fin de lograr que el mismo pueda adecuar su conducta a las normas sociales y esté en condiciones de realizar un proyecto de vida sin delinquir.
 
El sistema penal adolescente visualiza…
El respeto a todos los derechos que asisten a los adolescentes. Prevalencia de su interés sobre cualquier otro concurrente. Este Interés se convierte en el eje central de la actual legislación y de ahí la obligación de las entidades públicas de velar por su efectiva aplicación (Art. 3 CNA).
 
Las intervenciones tienen como sujeto al adolescente como persona en desarrollo, que vive en un contexto determinado y que ha sido reconocido como responsable de hechos penalmente tipificados (Art. 194 CNA). El hacerse responsable, dueño de sus propias acciones, se entiende como un elemento indispensable para la construcción personal y el crecimiento. Pero al mismo tiempo existe una responsabilidad social, colectiva, comunitaria que debe traducirse en acciones preventivas, de resolución pacífica de los conflictos, de asunción de los mismos como forma de cambio. Es indispensable la participación social en los procesos de integración de los adolescentes antes, durante y después de haberse producido cualquier conflicto y haya requerido o no la intervención de las instancias judiciales.
 
Los programas y actuaciones que se desarrollan serán de naturaleza educativa (Art. 200, 232 CNA). Solamente la relación entre el adolescente con otros adultos, dentro de un marco estructurado desde parámetros pedagógicos, plenamente insertado en la realidad, que parta de la situación personal, familiar, social, etc. Del mismo y que busque el crecimiento y desarrollo de ese adolescente como protagonista y responsable de su propia vida, permitirán hacer realidad la inserción propugnada y respetar su interés superior.
 
 
·         Intervención mínima necesaria
Desde el Interés del adolescente debe buscarse la respuesta más adecuada a su realidad y adecuarla sucesivamente. Si es necesario actuar, debe hacerse en principio desde los ámbitos y entidades responsables de la educación, la protección, la salud, etc. Y en última instancia desde el Sistema Penal. Este Principio nos dirige hacia una actuación coordinada y complementaria a la de otros sistemas y orienta hacia un importante trabajo de derivación y puesta en contacto con el resto de los operadores sociales (Art. 234, 242 CNA).
 
·         Mediación, reparación y conciliación
Como caminos para la responsabilización y para devolver a la víctima su protagonismo. Al mismo tiempo se suaviza la “carga judicial” del proceso y se llena de contenido el Principio de Intervención Mínima Judicial (Art. 205, 224 inc. “c” CNA).
 
·         Integración y normalización
Las respuestas que pueden darse desde el propio entorno del adolescente, desde la red comunitaria, no deben darse desde instancias especializadas. La asunción de estos principios lleva a reconocer que las soluciones deben darse allí donde surgen los problemas y que es en la propia comunidad donde se encuentran las claves que explican el problema y las líneas de solución (Art. 234, 242 CNA) (Punto 11 Reglas de Beijing)
 
·         Inmediatez de la respuesta
La contingencia temporal entre las conductas y sus consecuencias debe ser muy estrecha, de no ser así se pierde la mayor parte de la carga educativa de la respuesta (Art.40 punto inc.“b” CDN) (Punto 20 Reglas de Beijing)
 
·         Trabajar en la comunidad
Es un eje central que va a permitir el éxito de un modelo de Justicia Penal Adolescente como el aquí descrito. Sin este trabajo la mediación, los programas de intervención en régimen de libertad, los proceso de superación e inserción, están condenados al fracaso. Desarrollar la tolerancia, la participación en acciones con y para los adolescentes se convierte en vehículos básicos de resolución de conflictos (Apartado IV Directrices de RIAD)
 
El Código puntualiza algunas precisiones imprescindibles:
 
1.      LAS NORMAS DEL CÓDIGO PENAL Y CÓDIGO PROCESAL PENAL TIENEN CARÁCTER SUPLETORIO.
 
El Código de la Niñez y la Adolescencia establece en su Artículo 193 que sus normas tienen carácter prioritario y que el Código Penal y el Código Procesal Penal son de aplicación supletoria. Solo en los casos en los que el Código de la Niñez no prevea una respuesta de sanción o solución ante una situación determinada se podrá aplicar el Derecho Penal de Adultos.
 
Por esta razón fueron creados Juzgados especializados y Auxiliares de Justicia cuya misión fundamental es la aplicación de la normativa vigente y de los principios rectores en materia de protección de derechos de la niñez y la adolescencia, que constan en el texto de la Ley 57/90 y en la Ley 1680/01 y en otras normas supletorias que complementan y precisan dichos cuerpos jurídicos.
 
2.      LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD ES DE ÚLTIMA RATIO Y TIENE CARÁCTER EXTREMO.
 
La medida privativa de libertad para el caso de adolescentes en conflicto con la ley es la última instancia a la que puede acudir el juez y sólo se aplicará cuando todas las demás medidas previstas para proteger, vigilar y acompañar al adolescente, se hayan demostrado ser inútiles o ineficaces para el logro de su cometido.
 
Para las situaciones en que proceda la aplicación de medidas restrictivas de libertad se impuso desde el Ministerio de Justicia y Trabajo que en todos los establecimientos de privación de libertad los adolescentes estén separados de los adultos y además fueron creados y se encuentran funcionando Centros Educativos para Adolescentes en Asunción, Itauguá, Concepción, Encarnación, Villarrica y Ciudad del Este, donde se desarrolla un modelo socioeducativo concebido desde la perspectiva doctrinal de la Protección Integral que promueve la Convención, que busca alejarse del modelo penitenciario que se aplica a los adultos.
 
3.      LA REALIDAD Y LOS MITOS
 
La relación entre seguridad ciudadana y niños, niñas y adolescentes se sustenta en algunas ideas que han ido cobrando fuerza de “datos objetivos” y cuya entidad es tal en la actualidad, que se suele mencionar dichas apreciaciones como la visión de la “opinión pública”.
 
Una de ellas, quizás la más importante, es la que asegura que los adolescentes constituyen el sector mayormente involucrado en la comisión de delitos en carácter de victimarios.
 
Según el Programa de atención a adolescentes infractores de la Corte Suprema de Justicia, datos evidencian que el aserto de que “la delincuencia tiene rostro juvenil” constituye claramente una reducción simplista que elude construirse sobre datos objetivos y consistentes. Por otra parte, demuestran con claridad que las construcciones mediáticas operan sobre el análisis social de manera tan poderosa que en muchas ocasiones conducen a proponer ideas que se contraponen a la normativa nacional e internacional, y que buscan responder desde una perspectiva de “populismo penal” funcional a dichas representaciones mediáticas.
 
Además, debe tenerse en cuenta que gran parte de los adolescentes que ingresan al sistema penal, tienen una historia de exclusiones y vulneraciones tanto desde sus propias familias, como en el entorno. Y consiente de esta realidad, se ha tomado como prioridad la atención a la niñez en calle, estableciendo como emblemático El Programa ABRAZO, el cual busca reincorporar al niño y a su familia al sistema de protección (salud, educación, alimentación, etc.) a través de distintos mecanismos.
 
Y si bien se ha avanzado hacia la universalización de la salud, en el ámbito educativo se encuentran implementando estrategias que mantengan a los niños y adolescentes en el sistema escolar. Se ha establecido todo un sistema descentralizado donde las CODENI´s tienen un rol de suma importancia en la promoción y protección de los derechos de la niñez, los Municipios no han asumido con la fuerza y responsabilidad debida esta obligación, lo cual no ha permitido que las mismas ejerzan un papel más visible y protagónico en la protección de la niñez. Las Municipalidades deben invertir en desarrollar programas y servicios comunitarios que mantengan protegidos a niños y adolescentes (espacios culturales, recreativos, etc.) además de dotarles de mayores recursos a las Codeni’s para que estas tengan una presencia real en las distintas ciudades.
 
Consumo de drogas: debemos tener muy presente las gravísimas consecuencias que está causando el microtráfico en los niños y adolescentes, en distintas zonas urbanas e incluso rurales. Ser conscientes que ese ilícito conlleva una serie de intereses difíciles de enfrentar aunque a pesar de ellos hemos visto avances en la persecución penal, donde debemos poner mayor esfuerzo es en la atención y rehabilitación, lo cual requiere que el Poder Legislativo realice una mayor asignación de recursos al Centro de Adicciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
 
4.      LA EDAD DE IMPUTABILIDAD PENAL ADOLESCENTE
 
La imputabilidad es el resultado de un proceso de socialización, en el que el individuo va desarrollando una serie de facultades que le permiten conocer las normas que rigen la convivencia en el grupo al que pertenece y regir sus actos de acuerdo con dichas normas. El legislador establece un criterio cronológico, a pesar de que este proceso no es igual en todas las personas así como tampoco es algo estático, sino que va cambiando sin poder determinarse exactamente hasta cuándo. Es así que se establece una determinada edad, sobre la base de la pedagogía, psicología y otras ciencias, para considerar que el sujeto puede ser responsable penalmente, salvo defectos o alteraciones síquicas.
 
La franja etárea de 14 a 17 años es considerada como parte de la evolución cronológica que aún se encuentra en desarrollo, por carecer el ser humano del desarrollo total de rasgos psicológicos y la personalidad, es por ello que la imputabilidad es todavía pasible de modificaciones, en forma paralela a la maduración física y síquica del individuo, y no sólo las facultades síquicas e intelectuales, sino el ambiente familiar, económico y social inciden en el proceso incluso más fuertemente que las propias facultades individuales.
 
Restar años a este proceso sería castigar a los niños (porque a los doce legalmente aún lo son), por la falta de madurez psicosocial suficiente, cuando esto no depende de ellos, ya que el tiempo no ha sido suficiente y la muchas veces insuficiente incapacidad del Estado de proveerle de la cobertura de sus necesidades básicas (salud, educación, alimentación, etc.) ha contribuido a la poca o nula evolución favorable hacia la madurez, como para que el niño tenga lo necesario para responder a los sistemas de control social, formal e informal. De ahí el origen de la palabra "responsabilidad".
 
Por todo ello prima el principio del interés superior del niño y del adolescente, siendo el elemento principal a los efectos penales su condición de persona en desarrollo.
 
Si los criterios para disminuir la edad responden a que cada vez más niños se dedican a hechos delictivos y a "violentos", primero deben revisarse las conductas de los padres que sí legalmente son responsables, y es a éstos a quienes se debe castigar, como lo prevé el Código Penal en sus artículos 119 (abandono) y 225 (violación del deber de cuidado y educación)
 
Generar guarderías/cárceles no resolverá la situación, sino que, por el contrario, solo contribuirá a agravar la situación, tal como lo demuestran todos los estudios realizados en el mundo sobre el tema, textos cuyo acceso está abierto a todos los realmente interesados en proponer alternativas de solución a la grave situación en la que se desarrolla la vida de todos los ciudadanos, garantizando una vida sin violencia ni delitos y respetando y promoviendo el ejercicio pleno de los derechos de la niñez y la adolescencia.


El acceso a la justicia es un derecho humano. Las pruebas de paternidad a veces son una barrera para el acceso a la justicia. En el marco de implementación de las 100 Reglas de Brasilia la Corte Suprema de Justicia dispone de un presupuesto para financiar las pruebas de ADN para las personas de escasos recursos.

Una prueba de paternidad se realiza con el fin de demostrar si un hombre es o no el padre biológico de otro individuo. Esto puede tener importancia respecto de los derechos del niño y la niña y obligaciones del padre. De la misma manera, también es posible realizar una prueba de maternidad, aunque esto es menos común ya que casi siempre se sabe la identidad de la madre sin lugar a dudas.

Cuando los involucrados en las demandas por reconocimiento de hijos son personas de escasos recursos, la Corte Suprema de Justicia es la encargada de solventar los costos de las pruebas de ADN. Para el efecto, se llama a licitación para la elección del laboratorio que se encargara de la realización del examen sanguíneo.

Para que se pueda constatar la falta de medios económicos de los involucrados, el juzgado envía el formulario de realización del examen a la Corte, luego de obtener dictamen favorable de la Fiscalía y la Defensoría de Pobres y Ausentes de la Niñez, de esa forma se podrá otorgar el beneficio. Tras superar el proceso administrativo, se comunica al Juzgado solicitante la aprobación de la realización de dicha prueba.

La cantidad total de causas autorizadas por las mencionadas disposiciones, asciende a 146 (ciento cuarenta y seis), por un importe total de Gs. 384.100.000 (Guaraníes trescientos ochenta y cuatro millones cien mil); de dichas causas autorizadas, el monto ejecutado a la fecha es de Gs. 95.000.000 (Guaraníes noventa y cinco millones).

  
Fuente: http://www.pj.gov.py/contenido/205-prueba-de-adn/205


Juzgado de la Niñez, de acuerdo al Art. 161 del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 1680/1) tiene a su cargo las cuestiones relacionadas a:

a)     la filiación;
b)     al ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad sobre los hijos;
c)      la designación o remoción de los tutores;
d)     las reclamaciones de ayuda prenatal y protección a la maternidad;
e)     los pedidos de fijación de cuota alimentaria;
f)       los casos de guarda, abrigo y convivencia familiar;
g)     las demandas por incumplimiento de las disposiciones relativas a salud, educación y trabajo de niños y adolescentes;
h)     los casos derivados por la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI);
i)       los casos de maltrato de niños o adolescentes que no constituyan hechos punibles;
j)       las venias judiciales;
k)     la adopción de niños o adolescentes;
l)       las medidas para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos del niño o adolescente; y,
m)   las demás medidas establecidas por este Código.


1º paso: gratuito - en el Juzgado de Paz, que corresponda a la ciudad o barrio en que resida presentar los siguientes documentos:

  • Partida de nacimiento del menor original con fotocopia y cédula de identidad original y copia.
  • Cédula de identidad original de ambos padres con sus respectivas fotocopias.
  • Llenar un formulario “autorización para viaje al exterior”, que deben firmar los padres, el acompañante, (si viaja sin los padres) y el Juez.
  • La duración tendrá un plazo de 90 días.

2º paso: gratuito. En el Palacio de Justicia, legalización del documento por la Secretaria General de la Corte, (planta baja)

3º paso: costo: 26.500 Gs. En el Ministerio de Relaciones Exteriores. (Palma y 14 de Mayo) Asunción.

En el caso que haya desacuerdo entre los padres con respecto al viaje del menor, o si uno de ellos está ausente o el menor no tiene padres, la ley establece que la autorización debe gestionarse ante el juzgado de la niñez y la adolescencia de turno, con patrocinio de abogado, las personas de escasos recursos pueden solicitar defensor de pobres y ausentes.


Fuente: http://www.pj.gov.py/contenido/460-permiso-del-menor/460


Es cualquier acto violento que tenga como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico hacia mujeres y hombres, y que se da en relación con familiares, con novios o novias, con concubinos o concubinas actuales o ex parejas.
 
Se ejerce en forma continua para controlar, someter, dominar y mantener una posición de autoridad y poder en la relación.
 
Las principales víctimas de esta violencia son mujeres cuyos victimarios son sus parejas, ex parejas, maridos o concubinos. Asimismo, son víctimas niños, niñas, adolescentes, ancianas y ancianos. Se da en todas las clases sociales y también en las parejas del mismo sexo.
 
Hasta hace poco tiempo este tipo de violencia estaba naturalizado. Se creía que era un "problema privado" y no se denunciaba ni estaba penalizado.
 
Un gran avance de los derechos humanos constituyó su reconocimiento como algo grave, como una violación a los derechos de las personas. Hoy todavía existen muchas víctimas que no denuncian, y mucha gente que sigue creyendo que es algo privado y por lo tanto la violencia no cesa.
 
 La ley a.600/00 o Ley contra la Violencia Doméstica la define como: las lesiones, maltratos físicos, psíquicos o sexuales por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar, que comprende el originado por el parentesco, en el matrimonio o unión de hecho, aunque hubiese cesado la convivencia; asimismo, en el supuesto de pareja no convivientes y los hijos, sean o no comunes. La ley 1.600 protege en todas estas situaciones. Para más información y orientación las personas pueden comunicarse a la línea 147-Fono Ayuda de la SNNA, gratuita desde cualquier línea baja y los celulares VOX, PERSONAL y TIGO.


La persona o la familia interesada en ser evaluada como postulante a la adopción deben presentar los documentos originales o copias autenticadas por escribanía de cada una de las personas interesadas, de:
  • Cédula de identidad.
  • Certificado de nacimiento.
  • Certificado de vida y residencia.
  • Antecedentes policiales.
  • Antecedentes judiciales.
  • Certificado de no poseer enfermedades infectocontagiosas, visado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).
  • Certificado de no poseer trastornos psicóticos y deficiencia mental, visado por el Ministerio de  Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).
  • Certificado laboral de ingresos. (Para personas dependientes: Certificado de trabajo. Para personas independientes: Presentación de los 3 últimos formularios de IVA).
  • Certificado de matrimonio (más de 3 años) o constancia de concubinato (más de 4 años de vida en común).
  • Sentencia de juicio de divorcio (para personas divorciadas).
  • Certificado de soltería (para personas que se presentan solas).
  • Sólo para extranjeros: carnet de residencia permanente (de más de 3 años) expedido por la Dirección de Migraciones y visado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
  • Foto carnet actualizada.

Observación: Para que la Solicitud de Evaluación para la Postulación a Adopción sea recibida en el Centro de Adopciones, será necesaria la presentación de cada uno de los documentos arriba señalados, caso contrario, no será ingresada la solicitud.
Centro de Adopciones
Dirección: Padre Cardozo 791 esq. Defensa Nacional - Asunción.
Teléfono: 204 178
Correo Electrónico:  centro.adopciones@snna.gov.py
Leer más: http://amar-mas.webnode.es

Cumplimiento
Ubicación de Centros
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Programas y servicios
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